En el marco del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), el principio de limitación de la finalidad es uno de los pilares fundamentales para garantizar un tratamiento lícito y transparente de los datos personales. Este principio exige que los datos se recojan con fines determinados, explícitos y legítimos, y que no sean tratados posteriormente de manera incompatible con dichos fines (art. 5.1.b RGPD).
Definir claramente la finalidad desde el inicio permite a los responsables del tratamiento establecer medidas de control adecuadas y evitar usos abusivos o desproporcionados.
El responsable del tratamiento debe documentar y definir claramente los propósitos para los cuáles se tratan datos personales en el registro de actividades de tratamiento (RAT). Este registro de actividades se ha de revisar periódicamente. Además, cualquier tratamiento ulterior debe ser compatible con los fines iniciales, a menos que exista una base legal adecuada o se obtenga un nuevo consentimiento del interesado.
En definitiva, limitar la finalidad no solo protege los derechos de los interesados, sino que fortalece la confianza y la responsabilidad proactiva de las organizaciones.
El RGPD establece la obligación de llevar un registro de actividades de tratamiento, detallando finalidades, categorías de datos, destinatarios, transferencias internacionales y medidas de seguridad aplicadas.